Doctrina
Título:La Responsabilidad Civil del Productor Asesor de Seguros. Marco regulatorio aplicable en Argentina
Autor:Compiani, María Fabiana
País:
Argentina
Publicación:Revista Ibero-Latinoamericana de Seguros - Volumen 31 - Número 56
Fecha:25-07-2022 Cita:IJ-MMMCCCXIV-247
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Sumarios

Alguna decisión jurisprudencial establece que, cuando se tratara de un seguro de consumo, habría que concluir que la actividad del productor asesor de seguros integra la cadena de responsabilidad objetiva y solidaria de la normativa tuitiva. Este artículo de reflexión se propone demostrar que las obligaciones del productor asesor de seguros no se extienden a garantir el cumplimiento por parte de la aseguradora de las propias obligaciones a su cargo. Ello no impide reconocer que el productor asesor de seguros se encuentra alcanzado por la ley de defensa de los consumidores y usuarios en lo que hace al incumplimiento del deber de información, de consejo o advertencia, en la publicidad de sus servicios o en su participación en prácticas abusivas, entre otras cuestiones. Su responsabilidad civil se enmarca en general en la que cabe a los profesionales no liberales.


Palabras Claves:


Productor de seguros, contrato de consumo, defensa de los consumidores y usuarios, responsabilidad civil, responsabilidad objetiva.


Some jurisprudential decisions establish that, in the case of consumer insurance, it should be concluded that the activity of the insurance broker is part of the chain of strict and joint and several liability of the insurance law. The purpose of this article is to show that the obligations of the insurance advisor do not extend to guaranteeing the insurer's compliance with its own obligations. This does not prevent us from recognising that the insurance advisor producer is covered by the law for the defence of consumers and users with regard to the breach of the duty of information, advice or warning, in the advertising of his services and in his participation in abusive practices. His civil liability generally falls within the scope of that applicable to non-liberal professionals.


Key Words:


Insurance intermediary, consumer contracts, consumer and user protection, civil liability, strict liability.


1. Introducción
2. El seguro como contrato de consumo. Supuestos
3. Deslinde de la responsabilidad del Productor Asesor de Seguros. Régimen aplicable
4. La regulación de la actividad del productor de seguros. Deberes
5. Responsabilidad civil del productor asesor de seguros
6. La responsabilidad del productor en el marco de las normas de tutela de los consumidores y usuarios
7. Colofón
8. Bibliografía
Notas

La Responsabilidad Civil del Productor Asesor de Seguros. Marco Regulatorio Aplicable en Argentina

María Fabiana Compiani

1. Introducción [arriba] 

La aplicación de la ley de defensa de los consumidores y usuarios (Ley N° 24.240) al contrato de seguro ha motivado profundos debates en Argentina, desde la sanción de aquella ley en el año 1993 y la inclusión al año siguiente como derechos garantidos en la modificación constitucional (art. 42).[1] La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha contribuido al debate al considerar que la regulación del contrato de seguro (Ley N° 17.418) de una ley especial frente a la ley general de defensa de los consumidores y usuarios que no la modificaba ni expresa ni tácitamente.[2]

El Código Civil y Comercial de la Nación en vigencia desde el 1° de agosto de 2015 pareciera haber puesto fin al debate acerca de la aplicación de la normativa de consumo a todas las relaciones que tengan como destino final el consumo propio, familiar o social[3], dado que su regulación constituye un núcleo de tutela duro respecto del cual ninguna normativa particular puede apartarse. Sin embargo, subsiste la polémica acerca del alcance de esa aplicación respecto de institutos propios del contrato de seguro (reticencia, exclusiones, caducidad, suspensión de cobertura y, en especial, con relación al plazo de prescripción).

En ese sendero, otra cuestión que ha producido debate doctrinario y jurisprudencial se refiere a si las obligaciones del productor asesor de seguros se extienden o no a garantir el cumplimiento por parte de la aseguradora de las obligaciones a su cargo. La polémica esgrimida en los tribunales señala que cuando se tratara de un seguro de consumo, habría que hacer dialogar las distintas fuentes legales que convergen sobre la actividad del productor asesor de seguros para concluir si correspondía en el caso su responsabilidad conforme la normativa tuitiva.

En efecto, alcanzando al productor asesor de seguros las previsiones de la ley de contrato de seguro (N° 17.418)[4], como la propia que rige su actividad (Ley N° 22.400), así también las correspondientes reglamentaciones que emite la Superintendencia de Seguros de la Nación (en lo que interesa al caso, las Resoluciones 38.708/14 –Reglamento para la actividad aseguradora–, como la 24.828/96 –que reglamenta la actividad de los productores), y la Ley N° 24.240 de defensa de los consumidores y usuarios, corresponderá en cada caso particular desentrañar si el incumplimiento puede serle imputado al productor y si la extensión de su responsabilidad por imperio del art. 40 de la Ley N° 24.240, resulta compatible con el régimen de la ley especial.

La naturaleza de la vinculación del productor asesor de seguros con la aseguradora y con el asegurado, así como con la autoridad de control Superintendencia de Seguros de la Nación, demandan tal extensión, que solo vamos a dedicar estas líneas a cuándo podría interpretarse que se verifica un supuesto de aplicación de la ley de defensa de los consumidores y a la responsabilidad civil del productor asesor de seguros.

2. El seguro como contrato de consumo. Supuestos [arriba] 

La importancia de alcanzar una noción sobre lo que debe entenderse por contrato de consumo radica en que, simultáneamente, logra determinarse el ámbito de aplicación y el de la protección legal, de quienes resultan alcanzados por la Ley de Defensa del Consumidor y Usuarios (N° 24.240) y el núcleo duro de tutela que consagra el Código Civil y Comercial.[5]

El contrato de consumo es el celebrado entre un consumidor o usuario final con una persona humana o jurídica que actúe profesional u ocasionalmente o con una empresa productora de bienes o prestadora de servicios, pública o privada, que tenga por objeto la adquisición, uso o goce de los bienes o servicios por parte de los consumidores o usuarios, para su uso privado, familiar o social (art. 1093 CCyCN).

Uno de los sujetos del contrato de consumo es el consumidor final de bienes o el usuario de servicios Puede serlo, indistintamente, la persona individual o jurídica "ubicada al agotarse el circuito económico, ya que pone fin, a través del consumo o del uso, la vida económica del bien o servicio".[6] Resulta indistinto que el uso o la utilización de bienes y servicios se efectúe a título personal o familiar, o sea para su uso privado.

En cuanto al proveedor, constituye elemento característico del ámbito de protección al consumidor, que el mismo se extienda a los contratos de consumo que celebre con productores de bienes o de servicios, que concurren al mercado en condiciones de agentes económicos con carácter profesional.[7] La profesionalidad del productor, importador, distribuidor o comerciante no excluye conceptualmente la transacción aislada o accidental u ocasional.

Por tanto, se halla excluido de la calificación de sujeto del contrato de consumo, el consumidor industrial, fabricante, profesional o revendedor que contrata con el propósito de que el bien o servicio objeto del negocio continúa su vida económica en actividades de fabricación, producción, distribución y comercialización. [8] Sin perjuicio de ello, el contratante en ese supuesto no queda desprotegido ya que cuenta con la tutela propia de las normas que rigen el contrato de seguro y la actividad aseguradora, así como aquellas que rigen los contratos celebrados por adhesión.

El concepto estricto de consumidor se distingue por la su finalidad de otorgarle al bien el destino de bien de uso. En cambio, el consumo profesional presenta como notas típicas la vocación de oferta a persona indeterminada, el fin de lucro (directo o indirecto), la organización de la actividad de producción, distribución y/o comercialización de bienes o servicios y el valor agregado destinado a satisfacer una necesidad de consumo. Todo ello lo caracteriza como bien de cambio.[9]

De lo expuesto surge que el contrato de seguro será un contrato de consumo cuando se contrate con destino final, esto es, no vinculado a una actividad profesional, industrial o artesanal. En ese caso, se trata de un contrato celebrado a título oneroso, entre un consumidor final –persona física o jurídica–, con una persona jurídica que, actuando profesionalmente, se obliga, mediante el pago de una prima o cotización a prestar un servicio, consistente en la asunción de riesgos mediante coberturas asegurativas. Y que, eventualmente, se extiende al resarcimiento de un daño o a cumplir con la prestación convenida si ocurre el evento previsto (art. 1, Ley N° 17.418).

A pesar del amplio consenso alcanzado sobre esta cuestión, no se encuentra exenta de críticas por quienes sostienen que la Ley de seguros N° 17.418 y la de la actividad aseguradora Ley N° 20.091 no fueron derogadas ni modificadas expresamente por la ley de defensa de los consumidores y usuarios, ni por la Ley N° 26.994 que puso en vigencia al Código Civil y Comercial.[10] En ese sendero, señalan que constituyen leyes generales posteriores que no derogan ni modifican ni expresa ni tácitamente las leyes especiales anteriores.

Los fundamentos del Decreto 565 del PEN que vetó el art. 32 de la Ley N° 26.361 por el que la normativa tuitiva resultaba aplicable al transporte aéreo, señalaron que las normas de Defensa del Consumidor nacieron con la finalidad de actuar como correctores en los contratos de oferta masiva, no constituían normas de fondo, sino que resultaban reglas protectivas y correctoras, siendo complementarias y no sustitutivas de la regulación general contenida en los códigos de fondo y legislación vigente. Agregaba que la ley de defensa de los consumidores y usuarios tiene por objeto actuar como efectivo control de cláusulas contractuales predispuestas en los contratos de adhesión, cuando el Estado no interviene mediante un control genérico en actividades. Como el Estado interviene en el control del contrato y de la actividad aseguradora esta materia se encontraría exenta de su aplicación tuitiva.

En mi opinión, resulta claro que se ha adoptado una noción estricta de consumidor, cuyo eje central lo constituye la “finalidad que persigue” quien concluye un contrato para un uso que debe ser considerado extraño a su actividad profesional.[11]

La jurisprudencia ha efectuado ese distingo aplicando la ley tuitiva sólo cuando el consumo era ajeno a la actividad profesional y descartándolo en el supuesto de una vinculación directa con aquella.[12]

3. Deslinde de la responsabilidad del Productor Asesor de Seguros. Régimen aplicable [arriba] 

Cuando el contrato de seguro constituya un contrato de consumo, la armonización de los regímenes jurídicos que concurren en su juzgamiento, no determina que se prescinda sin más de institutos propios del contrato de seguro (a título de ejemplo, la reticencia, agravación del riesgo, suspensión de cobertura, citación en garantía del asegurador, exclusiones de cobertura, suma asegurada y franquicia, etc.), sino que, por el contrario, ellos resultan, en lo pertinente, enteramente aplicables bajo el tamiz de la normativa de defensa específica del consumo inserta en la Ley N° 24.240 y en el propio Código Civil y Comercial.

Por hipótesis, no podría sostenerse que la eximición de responsabilidad del asegurador por la culpa grave o dolo del asegurado (art. 70 y 114, imperativos conforme el art. 158 de Ley de Seguros) no sea invocable por el asegurador. Ello constituye un límite a la declaración de abusividad que emana del art. 1121 del CCyCN.[13]

En cambio, podrá juzgarse conforme la norma de defensa de los consumidores y usuarios (art. 37) y art. 1119 CCyCN, que resulta abusiva la cláusula que extiende la eximente a la culpa grave de quien no es el asegurado, porque amplía los derechos del predisponente y restringe el derecho del asegurado en perjuicio de éste. En consecuencia, la normativa consumerista determinará que las cláusulas de la póliza sean interpretadas conforme el prisma tuitivo que campea en la norma de orden público.

Lo propio corresponde considerar con relación a la actividad del intermediario del contrato de seguro y su responsabilidad civil. Existirán supuestos en que su actividad esté alcanzada por la ley de defensa de los consumidores y usuarios, la normativa que constituye el núcleo duro de tutela de ellos en el Código Civil y Comercial. En otras, en cambio, corresponderá aplicar la normativa específica que regula su actividad, la ley de la actividad aseguradora, su reglamentación y la normativa que regula el contrato de seguro.

Nos proponemos, a continuación, delinear estos supuestos.

4. La regulación de la actividad del productor de seguros. Deberes [arriba] 

Sabido es que el asegurador recurre a diferentes medios para promover su actividad, puede establecer sucursales, o bien designar auxiliares como los agentes institorios (mandatarios), o utilizar intermediarios como los productores asesores de seguros.[14] Junto a ellos en la actualidad se añaden nuevos canales como las plataformas comerciales, y, según el caso, los comparadores. No es aquí la cuestión la de extendernos en las particularidades de los restantes canales, sino sólo con relación al productor asesor de seguros.

El productor asesor realiza una actividad de intermediación promoviendo la concertación de seguros, asesorando a asegurados y asegurables y como contraprestación recibe una comisión que abona el asegurador.

Para ejercer tal labor, el Productor deberá inscribirse en un registro que se encuentra a cargo de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Aquellas personas que no se encuentren registradas no tienen derecho a percibir comisión o remuneración por la gestión de concertación de contratos de seguros. En consecuencia, la primera obligación que pesa sobre toda persona a la hora de intermediar en la contratación de seguros es la de inscribirse en el registro citado.

El ejercicio de tal actividad se encuentra regulado principalmente por la Ley N° 17.418 (art. 53) y por la Ley N° 22.400 de “Régimen de los Productores Asesores de Seguros”. Asimismo, subsiste en la actualidad, la vieja disputa interpretativa acerca si su actividad se encuentra alcanzada, subsidiariamente, por la normativa del contrato de corretaje[15] o de agencia[16], ambos regulados en el nuevo Código Civil y Comercial. La cuestión fue objeto de tratamiento en la Comisión de trabajo n° 3 de las recientes Jornadas Nacionales e Internacionales de Derecho de Seguros, celebradas en Paraná, del 11 al 13 de mayo de mayo de 2022, en la muy inteligente ponencia de Joaquín Hernández.[17]

El desarrollo de esta cuestión, así como de la inexistencia de relación de trabajo, lo que ha merecido el abordaje por el máximo Tribunal del país en un reciente fallo[18], excederían con mucho estas líneas por lo que sólo las referimos sin abordarlas en profundidad.

Con la entrada en vigor de la Ley N° 22.400, el productor pasó a denominarse “Productor Asesor”. Al respecto, Massot señalaba que

“el hecho de la variación de su denominación dejaba en claro que el agente intermediario adquiría obligaciones no sólo respecto del asegurador cuyos seguros colocaba, sino también respecto del asegurado, a quien debía asesorar debidamente”.[19]

La Ley N° 22.400 también dispone que las entidades aseguradoras deben abstenerse de operar con personas no inscriptas.

La Ley N° 22.400, en sus arts. 10 y 12, establece los deberes y funciones de los Productores, los cuales son detallados a continuación:

a) gestionar operaciones de seguros;

b) informar sobre la identidad de las personas que contraten por su intermedio, así como también los antecedentes y solvencia moral y material de estas, a requerimiento de las entidades aseguradoras;

c) informar a la entidad aseguradora acerca de las condiciones en que se encuentre el riesgo y asesorar al asegurado a los fines de la más adecuada cobertura;

d) ilustrar al asegurado o interesado en forma detallada y exacta sobra las cláusulas del contrato, su interpretación y extensión y verificar que la póliza contenga las estipulaciones y condiciones bajo las cuales el asegurado ha decidido cubrir el riesgo;

e) comunicar a la entidad aseguradora cualquier modificación del riesgo de que hubiese tenido conocimiento. Cobrar las primas de seguros cuando lo autorice para ello la entidad aseguradora respectiva.

f) entregar o girar a la entidad aseguradora, cuando no esté expresamente autorizado a cobrar por la misma el importe de las primas recibidas del asegurado en un plazo que no podrá ser superior a setenta y dos (72) horas;

g) asesorar al asegurado durante la vigencia del contrato acerca de sus derechos, cargas y obligaciones, en particular con relación a los siniestros;

h) en general ejecutar con la debida diligencia y prontitud las instrucciones que reciba de los asegurables, asegurados o de las entidades aseguradoras, en relación con sus funciones;

i) comunicar a la autoridad de aplicación toda circunstancia que lo coloque dentro de alguna de las inhabilidades previstas en esta ley;

j) ajustarse en materia de publicidad y propaganda a los requisitos generales vigentes para las entidades aseguradoras y, en caso de hacerse referencia a una determinada entidad, contar con la autorización previa de la misma;

k) llevar un registro rubricado de las operaciones de seguros en que interviene, en las condiciones que establezca la autoridad de aplicación;

l) exhibir cuando le sea requerido el documento que acredite su inscripción en el registro;

m) desempeñarse conforme a las disposiciones legales y a los principios técnicos aplicables a la operación en la cual interviene y actuar con diligencia y buena fe.

Debe tenerse en cuenta que las nutridas obligaciones citadas precedentemente deben ser cumplidas en la etapa precontractual, en la celebración del contrato y durante su ejecución.

Con la aseguradora y los asegurados, debe ejecutar con debida diligencia y prontitud las instrucciones que recibe de los asegurados, asegurables y entidades aseguradoras en relación con sus funciones. Asimismo, debe desempeñarse conforme a las disposiciones legales y a los principios técnicos aplicables a la operación en la cual intervienen y actuar con diligencia y buena fe.[20]

Sanciones ante el incumplimiento de sus deberes

López Saavedra explicaba que

“con la entrada en vigencia de la Ley 22.400, … la actividad del productor asesor dejó de ser la de un simple intermediario que se limitaba a acercar la oferta y demanda, para convertirse en la de un genuino profesional a quien la ley le imponía toda una serie de obligaciones frente al asegurado…”

y seguidamente agregaba que

“…dentro del marco legal que establece específicamente la ley 22.400, cuando el asegurado le requiere al productor asesor la prestación de sus servicios de asesoramiento profesional para la contratación o renovación de un seguro y el productor asesor acepta tal requerimiento, se perfecciona un verdadero contrato en el que la obligación que asume el productor asesor de seguros configura una obligación de hacer que gira en torno al asesoramiento profesional que éste debe prestar al asegurado, desempeñándose conforme a las disposiciones legales y a los principios técnicos aplicables en la operación que interviene y actuar con diligencia y buena fe en el fiel cumplimiento de las instrucciones recibidas”.[21]

El productor será responsable administrativamente por todos los daños que cause al asegurador o al asegurado como consecuencia del incumplimiento sus obligaciones: (i) frente al asegurado, por su asesoramiento defectuoso de las cláusulas y condiciones del contrato (incluyendo la recomendación de contratar un seguro inadecuado), omisión de asesoramiento sobre la situación económica y financiera de la aseguradora y retención de la prima; y (ii) frente al asegurador, por incumplimiento de informar sobre la identidad de los asegurados y sobre su solvencia moral y material y falta de información o información defectuosa sobre el estado del riesgo.

La Ley N° 22.400 establece una serie de sanciones para el caso de constatarse algún incumplimiento a los deberes y funciones detallados anteriormente a saber: a) llamado de atención; b) apercibimiento; c) multa; d) Inhabilitación; e)Cancelación de la inscripción en el registro de productores asesores.

5. Responsabilidad civil del productor asesor de seguros [arriba] 

Debe dejarse claro que las consecuencias derivadas del incumplimiento de los deberes impuestos al productor por la Ley N° 22.400 no se agotan en el sistema de sanciones expuesto. También que su responsabilidad civil podría implicar la del asegurador en el caso que actúe bajo las circunstancias de hecho de aplicación de la doctrina de la apariencia de un mandato de éste[22] o de la responsabilidad refleja que prevé el art. 1753 CCyCN.

Sin perjuicio de ello, el productor es personalmente responsable civil por su obrar culposo, negligente o doloso, al igual que cualquier otro profesional.[23]

La responsabilidad profesional es aquella que deriva de una infracción a directivas jurídicas –deberes propios de la actividad de que se trate–[24], y éticas, por la que los profesionales deben responder por los daños originados a raíz de su acción u omisión en el ámbito de su quehacer profesional.[25]

Las características propias de esta responsabilidad hacían aconsejable su tratamiento en una norma especial y ello es precisamente lo que prevé el Código Civil y Comercial. Para comprender el alcance de la reforma conviene reflejar que en el régimen anterior el análisis principiaba por establecer la naturaleza de esta responsabilidad. En ese sentido, se decía que el profesional concluye con el cliente una relación contractual, ya que desde el momento en que se requiere su intervención y la misma es aceptada, queda concluido entre ambos un contrato.[26]

El mismo puede ser de locación de servicios cuando el profesional, compromete una obligación de medios o de diligencia[27], o un contrato de trabajo, siempre y cuando se hallen las notas dominantes de subordinación y estabilidad, o un contrato locación de obra[28] cuando el profesional asume el logro de un resultado final, en virtud del cual el último se obliga a satisfacer una prestación de hacer[29]. La obligación correspectiva del cliente consiste en el pago de un emolumento que puede ser el honorario –en el caso de la locación– o un salario, en el supuesto del contrato de trabajo.

La norma formula elección sobre el ámbito de su aplicación, en referencia sólo a los profesionales liberales. La locución profesional engloba un doble concepto, amplio y estricto. Las notas típicas del profesional en general son su pertenencia a un área del saber científico, técnico o práctico; reglamentación de su actividad por el Estado y consecuente habilitación profesional en ejercicio del Poder de Policía; habitualidad en el ejercicio profesional y presunción de onerosidad (atrapa los supuestos de los corredores inmobiliarios, del productor asesor de seguros, etc.). Mientras que lo que caracteriza a un profesional como liberal son además de ellas, la autonomía o discrecionalidad técnica; la sujeción a normas éticas y, consecuentemente, a un régimen de sanción disciplinario, y, también, el sometimiento a la colegiación obligatoria.[30]

En consecuencia, el productor asesor de seguros es sin duda un profesional, pero no tendría la calificación de liberal que tornara aplicable tal norma de la ley de fondo y al mismo tiempo lo desplazaría fuera de la aplicación de la ley de defensa de los consumidores y usuarios (art. 2, 2do. Párrafo de la Ley N° 24.240). Sin embargo, a nuestro juicio, tal circunstancia no impide la aplicación de la responsabilidad civil fundada en el factor de atribución subjetivo (culpabilidad), debido a la manda de la regla residual que consagra el art. 1721 CCyCN.

Como regla su obligación que asume es de “medios”.[31] En ellas el profesional solo asume una obligación de hacer, la prestación o conducta debidas tiene por objeto llevar a cabo una actividad (arts. 773 a 778 CCyCN).[32] En consecuencia, el factor de atribución aplicable será la culpa (arts. 1721 C.C.C.N.). La culpa (art.1724, C.C.C.N.) consiste en la omisión de la diligencia debida según la naturaleza de la obligación y las circunstancias de las personas, el tiempo y el lugar. Comprende la imprudencia, la negligencia y, en particular, en materia de responsabilidad profesional, la impericia en el arte o profesión. Se extiende no sólo a la praxis profesional sino también al deber de información.[33]

La conducta será valorada de modo tal que se tendrá en cuenta que “cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor es la diligencia exigible al agente y la valoración de la previsibilidad de las consecuencias” (art. 1725 CCyCN).[34] A los efectos de la prueba de la culpa el Código Civil y Comercial de la Nación establece una solución especial en materia de “cargas dinámicas” que toma en cuenta quién se encuentra en mejores condiciones de aportar la prueba, de enorme impacto en la órbita de las responsabilidades profesionales.[35]

Por otra parte, también el profesional puede asumir el compromiso de un resultado.[36] En ese caso, la responsabilidad es objetiva (arts. 1722 y 1723 C.C.C.N.). Responde aun sin culpa, salvo causa ajena.[37]

La obligación de resultado entraña el compromiso de satisfacer al acreedor el desenlace que pretende. Sin embargo, correspondería efectuar algunas distinciones según la diversidad de tareas que desarrolla el productor en el ejercicio de su profesión[38]. En cuanto al objeto del requerimiento como, por ejemplo, en el caso de los productores con relación al ingreso de la prima en tiempo y forma al asegurador[39], o concertar un seguro con relación a una aseguradora a la que se le había retirado la autorización para operar[40], la obligación que asume el profesional es de resultado. En cambio, cuando no se trata del incumplimiento del deber de otorgar un acto formalmente válido, sino del incumplimiento de otros deberes en que está en controversia la actuación prudente y diligente del profesional, como por ejemplo en materia de asesoramiento, para hacer nacer la responsabilidad que se le imputa, resulta indispensable probar la culpa.

Por ejemplo, la gestión de un turno para la colocación del rastreador satelital en un automóvil, no resulta ser una obligación de resultado, ya que su concreción dependía evidentemente de la disposición de ambas partes del contrato (la una para fijar dicho turno y el otro para consentirlo y concurrir, ambos de acuerdo con sus respectivas disponibilidades horarias). En consecuencia, mal puede atribuírsele una responsabilidad objetiva y tampoco pudo probarse en el caso su culpabilidad.[41]

6. La responsabilidad del productor en el marco de las normas de tutela de los consumidores y usuarios [arriba] 

Ahora bien, aun acordando con quienes señalan que el Productor Asesor de Seguros no puede ser calificado como un profesional liberal[42], y que ello determina que no quede excluido sin más de la aplicación de la ley de defensa de los consumidores y usuarios, en la hipótesis de los seguros de consumo, lo cierto es que su aplicación al productor requiere de un ponderado diálogo de las distintas fuentes aplicables que permita arrojar esa conclusión.

Con relación a ello, resulta impropio hacer garante al productor del incumplimiento de las obligaciones asumidas por la aseguradora. Ello así porque la normativa específica (constituida por la ley de contrato de seguro (N° 17.418), la ley que rige la actividad del productor (Ley N° 22.400) y sus reglamentaciones –Resol. SSN 38.708/14, Reglamento para la actividad aseguradora– y 24.828/96 –que reglamenta la actividad de los productores–), no permite extenderle tal débito de garantía, esto es, en un supuesto como el de autos no habría antijuridicidad que pudiera serle atribuida al productor. Por el contrario, sus deberes con relación al asegurado resultan predominantemente en obligaciones de hacer y en el caso, no aparecían incumplidos.

Sin perjuicio de ello, conviene aclarar que algunas de sus obligaciones, impuestas en ese régimen específico, inciden particularmente en materia de consumo como, por ejemplo, las obligaciones de informar, asesorar, aconsejar y advertir al asegurable sobre las coberturas de seguros disponibles para proteger el bien o bienes expuestos a riesgo.[43] En esa hipótesis, no cabe duda de la aplicación de la normativa de tutela al productor, lo propio con relación a la publicidad que realizan de sus servicios, a su participación en prácticas abusivas, etc.

No desconocemos ni la doctrina[44], ni el precedente en sentido contrario dictado por una de las salas de la Cámara Comercial[45], que extendió al productor la responsabilidad del asegurador por el incumplimiento del contrato de seguro por el robo de su automóvil.

Para decidir así, la Cámara consideró que, en el caso, existió una relación de consumo que justificaba la aplicación de la LDC. Y que el productor de seguros “no logró desvirtuar su intervención en la cadena de comercialización del seguro que amparaba el rodado de la actora”. Destacó que “siendo absolutamente claro que el Productor de Seguros, es un ‘vendedor’ de los ‘servicios’ (productos) de la Compañía de Seguros, es que resulta evidente que forma parte de su ‘cadena de comercialización’”. De esta forma la Cámara concluyó que resulta aplicable de manera directa el art. 40 de la LDC que establece la responsabilidad objetiva y solidaria, sin perjuicio de las acciones de repetición que el productor de seguros pueda intentar contra la aseguradora.

El fallo mereció adhesión doctrinaria que lo fundó en el art. 42 de la CN y en el principio pro homine derivado de los tratados internacionales de derechos humanos (art. 75, inc 22 de la Carta Magna), así como ene l citado art. 40 de la Ley N° 24.240 y en el art. 1092 del CCyCN, que al decir del autor que glosamos “produjeron un cambio de paradigma legal en toda la normativa vigente”.[46]

No compartimos tales ideas que desconocen la ausencia de antijuridicidad en cabeza del productor. En definitiva, pensamos que esa hipótesis sólo debería poner en funcionamiento el sistema tuitivo luego de un ponderado diálogo de fuentes que arrojara como resultado el incumplimiento por parte del productor de los deberes propios que le imponen su carácter como intermediario profesional y a la vez, su repercusión en un supuesto de seguro de consumo.

7. Colofón [arriba] 

La normativa específica que regula su actividad no permite extenderle al productor una obligación de garantía respecto del incumplimiento obligacional del asegurador.

Los deberes del productor con relación al asegurado resultan predominantemente en obligaciones de hacer y le son atribuidos por dicha normativa subjetivamente: debe desempeñarse conforme a las disposiciones legales y a los principios técnicos aplicables a la operación en la cual intervienen y actuar con diligencia y buena fe.

Sin perjuicio de ello, algunas de esas obligaciones, impuestas en ese régimen específico, inciden particularmente en materia de seguros de consumo como, por ejemplo, las obligaciones de informar, asesorar, aconsejar y advertir al asegurable sobre las coberturas de seguros disponibles para proteger el bien o bienes expuestos a riesgo. En esa hipótesis, como en la publicidad de sus servicios, participación en prácticas abusivas, etc., no cabe duda de la aplicación de la normativa de tutela de los consumidores y usuarios al productor en el ámbito de sus incumplimientos, y no como reflejo del incumplimiento asegurador.

Lo expuesto, por otra parte, no impide considerar que la normativa que regula la actividad de los productores asesores de seguros exhibe la necesidad de su reforma. No es que el sólo transcurso del tiempo haya afectado la aplicabilidad de sus soluciones, la realidad muestra hoy la necesidad de dar respuesta a mayores desafíos en materia de seguros de consumo como, por ejemplo, con relación a los apuntados deberes de información, asesoramiento, consejo y advertencia, la publicidad de sus servicios, su participación en prácticas abusivas, entre otros. Asimismo, se justifica revisar su contenido a partir de los nuevos fenómenos aparecidos en materia de intermediación de seguros (comparadores, agregadores, plataformas comerciales, etc.).

8. Bibliografía [arriba] 

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Notas [arriba] 

[1] ART. 42.- “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios. La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control”.
[2] CSJN, “Buffoni, Osvaldo Omar c/ Castro, Ramiro Martín y otro s/ daños y perjuicios”, B. 915. XLVII. RHE, 08/04/2014, Fallos: 337:329.
[3] “Consumidor. La presente ley tiene por objeto la defensa del consumidor o usuario. Se considera consumidor a la persona física o jurídica que adquiere o utiliza, en forma gratuita u onerosa, bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social. Queda equiparado al consumidor quien, sin ser parte de una relación de consumo como consecuencia o en ocasión de ella, adquiere o utiliza bienes o servicios, en forma gratuita u onerosa, como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social.” (art. 1 de la Ley N° 24.240, sustituido por la Ley N° 26.994). A su vez, excluye de la calificación al como relación de consumo a la que tienen vinculación con el quehacer profesional: “Proveedor. Es la persona física o jurídica de naturaleza pública o privada, que desarrolla de manera profesional, aun ocasionalmente, actividades de producción, montaje, creación, construcción, transformación, importación, concesión de marca, distribución y comercialización de bienes y servicios, destinados a consumidores o usuarios. Todo proveedor está obligado al cumplimiento de la presente ley” (art 2, primer párrafo de la Ley N° 24.240, sustituido por la Ley N° 26.361).
[4] El art, 53 de la ley de seguros solo autoriza al Productor a: “…a) Recibir propuestas de celebración y modificación de contratos de seguro; b) entregar los instrumentos emitidos por el asegurador, referentes a contratos o sus prórrogas; c) Aceptar el pago de la prima si se halla en posesión de un recibo del asegurador…”.
[5] Libro Tercero (Derechos personales), Título III (Contratos de consumo), arts. 1092 a 1122 CCyCN.
[6] Stiglitz, Rubén. S. - Stiglitz, Gabriel. A., Derechos y defensa del consumidor, La Rocca, Buenos Aires, 1994, pág. 113.
[7] Lorenzetti, Ricardo L., Consumidores, 2da. Ed act., Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2009, pág. 108.
[8] El 2° Ley N° 24.240 establecía que “…no tendrán el carácter de consumidores…quienes adquieran, almacenen, utilicen o consuman bienes o servicios para integrarlos en procesos de producción, transformación, comercialización o prestación a terceros”. El párrafo fue eliminado por la Ley N° 26.361 lo que ha permitido según algunos extender la tutela a las personas que consumen fuera de su competencia específica. A nuestro juicio, lo que no ha variado como característico del concepto de consumidor es la finalidad de constituirse en destinatario final del bien de consumo.
[9] Santarelli, Fulvio, “Hacia el fin de un concepto único de consumidor”, LA LEY 2009-E, 1055; TR LALEY AR/DOC/3247/2009LL 2009-E, 1055.
[10] López Saavedra, Domingo M., “El seguro frente a la reforma de la Ley de Defensa del Consumidor”, LA LEY 2009-C, 1282, TR LALEY AR/DOC/2141/2009.
[11] Este es el criterio que domina en Europa luego del dictado de la Directiva 85/577 CEE concerniente a los contratos negociados fuera de los establecimientos comerciales y de la Directiva del 11 de mayo del 2005 de la U.E. sobre “Prácticas comerciales desleales (artículo 2ª). Lo propio se legisla en las regulaciones de protección del consumidor en Latinoamérica: en Perú se destaca que no se considera consumidor a quien adquiere, utiliza o disfruta de un producto o servicio normalmente destinado para los fines de su actividad como proveedor (art. 1.1 in fine Ley N° 29.571 del año 2010); en Colombia, se define al consumidor por el destino final del consumo para la satisfacción de una necesidad empresarial cuando no esté ligada intrínsicamente a su actividad económica (Art. 5.3 de la Ley N° 1.480 del año 2011).
[12] CNCom., sala F, 09.03.10, “Alba Cía. Arg. De Seguros S.A. c/ Marcolli, Sebastian s/ ord.”, elDial del 29.04.10; CNCom, sala D, 22/02/2008, “Casale, Mónica Beatriz c. Sva Sacifi y otro”, LL Online; AR/JUR/1006/2008; CNCom, sala A, 21/11/2000, “Artemis Construcciones S.A. c. Diyón S.A. y otro”, LL 2001-B, 839, DJ 2001-2, 345, AR/JUR/924/2000; entre muchos otros.
[13] Vázquez Ferreyra, Roberto A. “No toda cláusula contractual puede ser declarada abusiva”, DCCyE 2012 (octubre), 01/10/2012, 77; Cita Online: AR/DOC/3889/2012. Del mismo autor y temática, ver “Las cláusulas abusivas y el objeto del negocio jurídico. Con especial referencia al contrato de seguro”, Cita Online: 0003/012952.
[14] Cracogna, Dante, “Actuación y responsabilidad del productor de seguros y de la empresa de seguros”, ED, 184-235 | MJD114, "La moderna actividad del seguro es, por su propia naturaleza, una actividad de empresa reúne un fondo de primas de gran número de asegurados y lo administra para pagar los siniestros que se produzcan. Se rige por la ley de los grandes números, lo que le permite neutralizar el riesgo. De allí que, normalmente, la empresa de seguros no se halle en condiciones de establecer contacto con cada uno de los potenciales asegurados para ofrecerles y venderles el seguro. Esta tarea queda a cargo de los llamados productores o agentes que se ocupan de vincular a las empresas con los asegurables a fin de celebrar los contratos de seguro. De ella deriva la significativa importancia de los productores en la actividad del seguro".
[15] Soto, Héctor M. “Vinculación jurídica del productor asesor de seguros y las partes del contrato de seguro (el contrato de intermediación en la actividad aseguradora)”, LA LEY 1990-C , 405, Cita: TR LALEY AR/DOC/2507/2001.
[16] Simone, Osvaldo B. “El derecho a clientela del Productor de seguros”, LA LEY1981-A, 892.
[17] Hernández, Joaquín A., “Naturaleza jurídica del contrato de los productores asesores de seguros a la luz del CCyCN“, https://drive.google.com/drive/folders/1gCVJyvG-0ckejQ6ku0nrGm_VCFqNJxoN.
[18] Corte Suprema de Justicia de la Nación (CS), 22/10/2019, “Morón, Humberto J. c. Grupo Asegurador La Segunda y otros s/ recurso extraordinario de inconstitucionalidad”, SJA 27/11/2019, 27/11/2019, 33 - RDLSS 2020-1, Cita Online: AR/JUR/33547/2019. La Cote destacó la expresa previsión del art. 11 de la Ley N° 22.400, en tanto ésta dispone que "el cumplimiento de la función de productor asesor de seguros no implica en sí misma subordinación jurídica o relación de dependencia con la entidad aseguradora o el asegurador". Declaró la inexistencia de una relación laboral entre un productor asesor organizador de seguros y el grupo económico para el cual se desempeñó durante 40 años. Destacó que la actividad era realizada en el marco de una organización de medios materiales y humanos que el propio actor dirigía; que desarrolló la actividad desde las oficinas montadas en un inmueble propiedad de su cónyuge; que la labor se desarrollaba con la participación de un número significativo de empleados y colaboradores; que, a su entender, el productor no se encontró sometido a las órdenes e instrucciones típicas de una relación laboral. Por otra parte, también refirió, tras darse por despedido, el actor comenzó a prestar análogos servicios y desde el mismo espacio físico para otro grupo asegurador, registrándose ante la AFIP como trabajador autónomo.
[19] Massot, Ramón P., “Responsabilidad civil del productor asesor de seguros”, en Daño a la Persona y al Patrimonio GHERSI, Carlos (Dir.), Rosario (Santa Fe), Nova Tesis, 2011, Volumen II, pág. 276.
[20] Gregorini Clusellas, Eduardo L., “Las aseguradoras y su representación. Sucursales, agentes institorios o productores”, LA LEY 2009-C, 1077, TR LALEY AR/DOC/1748/2009.
[21] López Saavedra, Domingo M., Ley de seguros comentada y anotada, La Ley, Bs. As., 2007, pág. 261.
[22] Compiani, María F. “El certificado de cobertura como prueba del contrato de seguro. buena fe y apariencia”, LA LEY 26/10/2020, 7, Cita: TR LALEY AR/DOC/3101/2020.
[23] Stiglitz, Rubén S., Derecho de Seguros, 6ta. ed. act. y ampl., Thomson Reuters-La Ley, Bs. As., 2016, tomo I, pág. 592.
[24] Morello Augusto M., “Nuevos perfiles de la responsabilidad del abogado”, en “Responsabilidad por daños en el tercer milenio”, Homenaje al Prof. Atilio Anibal Alterini, Abeledo-Perrot, Bs. As., 1997, pág. 619; Trigo Represas Félix A., -Lopez Mesa, Marcelo J., “Tratado de la Responsabilidad Civil”, La Ley, Bs. As., 2004, t. II, pág. 277.
[25] Para un análisis de la cuestión en España ver Elguero, José María, “La responsabilidad civil profesional del agente de seguros”, en la obra Bataller Grau, Juan-Quintáns Eiras, María del Rocío (Dir.), La Distribución de Seguros, Marcial Pons, Madrid 2019, pág. 241
[26] Llambias, Jorge J., ob. cit., tomo IV-B, nro. 2819. d), pág. 93.
[27] Mosset Iturraspe J., “Responsabilidad por daños. El incumplimiento contractual, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe 1998, tomo II, pág. 272 y ss.
[28] López Herrera, Edgardo, Teoría general de la responsabilidad civil, Lexis Nexis, Bs. As., 2006, pág. 539.
[29] Mosset Iturraspe J., “Los profesionales”, en Revista de Daños, nº 8 (Daños profesionales), Rubinzal-Culzoni, 2000, pág. 14.
[30] Wierzba, Sandra M., Manual de Obligaciones civiles y comerciales, 2da. Ed. act., La Ley, Bs. As., 2019, pág. 713.
[31] Soto, Héctor, Intermediación en el contrato de seguro, ed. La Ley, Buenos Aires, 2000, pág. 116.
[32] Tanzi, Silvia-PAPILLIU, Juan, su comentario al art. 1768 en la obra Calvo Costa, Carlos A. (Dir.), Código Civil y Comercial de la Nación concordado, comentado y comparado, La Ley, Bs. As., 2015, tomo II, pág. 764.
[33] CNCivil, sala L, 09/04/2021, “N., D. H. c. S., L. J. y otros s/ daños y perjuicios – resp. prof. médicos y aux.”, RCyS 2021-IV, 132 SJA 01/09/2021, 76, JA 2021-III, TR LALEY AR/JUR/7817/2021. “La decisión de admitir la demanda por mala praxis reposa en la falta del consentimiento informado que debía requerírsele al demandante en términos claros, precisos, completos y adecuados, con carácter previo a la realización de las dos operaciones a las que fue sometido”.
[34] Sobre la apreciación de la culpa se ha dicho “La decisión de la práctica a seguir es de incumbencia exclusiva del médico, según sus conocimientos profesionales y científicos, las particularidades del caso, los hallazgos y su experiencia, más la determinación de las eventuales responsabilidades emergentes no puede independizarse de los estándares de práctica profesional, que establecen la actitud que debe asumir un facultativo promedio, ante una hipótesis similar” (CNCiv., sala K, 01/06/2021, L. C. c. Estado Nacional. Ministerio de Defensa Armada Argentina y otros s/ daños y perjuicios - resp. prof. médicos y aux.”, La Ley Online, TR LALEY AR/JUR/66947/2021).
[35] Saenz, Luis R.J., su comentario al art. 1768, en la obra su comentario al art. 831 en la obra LORENZETTI, Ricardo L. (Dir.), Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe 2015, tomo VIII, pág. 633.
[36] Lopez Herrera, Edgardo, su comentario al art. 1768, en la obra Rivera Julio C.-Medina, Graciela (Dir.), Esper, Mariano (Coord.), Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, La Ley, Bs. As., 2014, tomo V, pág. 16.
[37] En sentido contrario, en el marco de la legislación española, Elguero, José María expresa “…No existe responsabilidad objetiva, ni siquiera objetivación de la responsabilidad, en la actuación profesional del agente de seguros; la culpa debe acreditarse como presupuesto sine qua non para la exigencia de responsabilidad y, en su caso, posterior indemnización”, su artículo “La responsabilidad civil profesional del agente de seguros”, en la obra Bataller Grau, Juan-Quintáns Eiras, María del Rocío (Dirs.), La distribución de seguros privados, Marcial Pons, Madrid, 2019, pág. 244.
[38] Mosset Iturraspe, J., Responsabilidad por daños..., ob. cit., T. II, “El incumplimiento…”, cit. págs. 282/284.
[39] CNCom, Sala E, 26.11.10 “Superintendencia de Seguros de la Nación c. Chiavarino, Juan Ángel”, La Ley Online AR/JUR/88429/2010, “la falta o tardía rendición de las cobranzas a la aseguradora, además de comportar una infracción a la legislación vigente, ha ocasionado un daño cierto y actual: se rechazó el reclamo del tercero damnificado, lo que podría repercutir tanto en el patrimonio del reclamante como en el del asegurado que debió mantenerse indemne”.
[40] CNComercial, sala E, del 26.11.10 en autos “Superintendencia de Seguros de la Nación c. Prudencia Compañía de Seguros Gral. S.A.”, La Ley Online AR/JUR/88431/2010. El Productor en el caso fue sancionado por la SSN con inhabilitación por el plazo de cinco años debido a que concertó pólizas de fecha posterior al retiro de la autorización para funcionar de la aseguradora. La Sala confirmó la sanción con el siguiente fundamento: “se trata de un error de derecho –pues se refiere al efecto con que se conceden ese tipo de recursos y a las consecuencias de la solicitud de la propia liquidación- que, por ende, resulta inexcusable. Máxime tratándose de un profesional que tenía a su disposición las fuentes de información necesarias para enterarse de la situación de la aseguradora, así como la obligación de obtener dichos datos a los efectos de poder asesorar a sus clientes”.
[41] CNCom., Sala A, 23.08.21, “Abraham, Jorge Alfredo contra LIDERAR COMPAÑIA GENERAL DE SEGUROS S.A. Y OTROS sobre ORDINARIO” (Expediente N° 30282/2018).
[42] Torres Cavallo, Jaime A.-Sánchez, Marina Lilén, “El productor asesor de seguros. Tratamiento en la jurisprudencia mendocina y su perspectiva a la luz del Código Civil y Comercial”, LLGran Cuyo2017, (febrero), 1, Cita Online: AR/DOC/1196/2016.
[43] Colombo, María Celeste, “Apuntes sobre la responsabilidad civil del productor asesor de seguros”, ED 293, 1.
[44] Chamatrópulos, Demetrio A., “¿Se aplican las normas de defensa del consumidor a los profesionales liberales? Situación en Argentina y el derecho comparado”, LA LEY2017-C, 866, TR LALEY AR/DOC/1490/2017.
[45] CNCom., Sala F, 1.09.16, “Maggio, Rocío Soledad c/ Aseguradora Federal Argentina S. A. y Otro s/ Ordinario” (Expte. N° 6656/2013).
[46] Sobrino, Waldo-Gava Adriel-Cerda, Sebastian, Ley de seguros comentada, tomo I, Ed. Thomson Reuters-La Ley, Buenos Aires, 2021, pág. 587.

Fecha de recepción: 29 de mayo 2022
Fecha de aceptación 15 junio 2022
Disponible en línea: 30 de julio 2022

Para citar este artículo/To cite this article
Compiani, Maria Fabiana la responsabilidad civil del productor asesor de seguros. marco regulatorio aplicable en argentina, 56 Rev.Ibero-Latinoam.Seguros, XXX-XXX (2022). https://doi.org/10.11144/Javeriana.ris56.rcpa
doi:10.11144/Javeriana.ris56.rcpa